Hoy, en México, se ha suscitado una compleja controversia en torno a la denominada reforma Fiscal. Si bien es cierto que ésta, como iniciativa del Poder Ejecutivo forma parte de un conjunto de reformas propuestas en un esquema que se transparenta, casi desde un principio, como el apuntalamiento de la capacidad del gobierno para hacerse de recursos tanto en corto como en mediano plazo. Tras la aprobación de una reforma seudo-educativa, cuyo contenido está aún muy lejos de la transformación de contenidos y métodos para el proceso educativo en sí, esta ha representado un burdo esquema administrativo de golpeo tanto a los méritos académicos como a los derechos de los trabajadores docentes, devaluando (éste sería el término adecuado) su carácter de profesores...
El mero orden cronológico de la aprobación de las reformas, dado principalmente por las fechas límite para la aprobación de las leyes de ingresos y egresos de la federación ha complicado el plan inicial del propio Gobierno Federal. Queda pendiente, en la reforma fiscal, lo concerniente a la política fiscal en materia energética, la cual quedaría supeditada al resultado que tenga, a su vez, la iniciativa de la Reforma Energética. Tal secuencia ha tenido distorsiones interesantes en lo que toca a los asuntos fiscales.
Hasta donde tengo idea, la izquierda, en más de la mitad del planeta, lleva años intentando reformas para hacer progresivo el impuesto sobre la renta, eliminar deducciones inocuas, aplicar tasas a las ganancias bursátiles, incrementar los derechos por la extracción de minerales y otros recursos naturales, acotar los regímenes tributarios especiales, acabar con el sistema de consolidación fiscal de los corporativos, entre otras. Curiosamente, los cambios logrados en éstos asuntos por la reciente aprobación de dicha reforma, y cabe decirlo, mediante la intervención de una parte de esa izquierda "reformista" que fue capaz de argumentar y concertar más allá de los cambios que proponía la propia iniciativa gubernamental, son ahora desdeñados por las otras corrientes y organizaciones de esa gama, un tanto etérea, de la izquierda mexicana.
El pretexto no es tampoco desdeñable si lo circunscribimos al argumento de que se negoció con ello la ´futura aprobación´ de la reforma energética que entraña cambios muy peligrosos en la Constitución dando paso a lo que el gobierno intenta disfrazar mediante una brutal campaña mediática, la privatización de los recursos y reservas energéticas del país, sin embargo esa izquierda que ha negociado y concertado tiene aún en sus manos el oponerse frontalmente a tal Reforma Energética.
En dicho asunto, considerando las aritméticas, le bastaría al Gobierno hacerse de la alianza de las derechas para sacar una votación suficiente. Ante ello, frente a esa expectativa, un subconjunto de esas mismas fuerzas de la "izquierda" que lograron concertar los avances para una mejor distribución de las cargas fiscales, menos voraz, más democrática, proponen lanzarse a la realización de una consulta nacional, un referendum como tal. Para ello, se impone la aprobación ya hecha de la reforma Electoral cuya expedición ha quedado pendiente y que incorpora ya esa figura electoral incorporada como rango constitucional y vinculante a las revocación o ratificación de leyes. Las diversas corrientes de esa izquierda nacional confluyen, en principio, en la necesidad de movilizar al país, informar y formar esa opinión ciudadana que resulte en derogar la reforma energética y mantener en la Constitución el absoluto control de la exploración, extracción y distribución de sus recursos energéticos. Como tal, esa Consulta Nacional no se daría, acorde con los cambios de la mencionada reforma política sino hasta 2014 y he aquí que hay una peculiar confluencia entre algunas fuerzas de izquierda y el partido de las derechas en realizar una nueva reforma política en medio de toda esta catarata de reformas, previa a la votación en el congreso de la Reforma Energética.
Sin duda la política de gasto es de la mayor importancia en todo esquema de recaudación y las fuerzas democráticas vinculadas a las izquierdas siempre han sostenido que el Estado debe asumir un papel central en el bienestar social y, al mismo tiempo, en el desarrollo económico. No se trata sólo de subsidios sino también de inversiones. Son los neoliberales quienes han sostenido el repliegue del Estado de la esfera de la economía productiva en aras de una mayor libertad de los agentes económicos relevantes, es decir, de las mayores empresas, incluyendo las financieras. Esos neoliberales admiten el protagonismo del Estado sólo cuando obligan a éste a ir a los rescates. Peña Nieto no parece tener clara esta gran diferencia entre esa libertad de los mercados y un mayor papel del Estado hacia una economía de bienestar, como quedó clarísimo en su encuentro con el mandatario Irlandés.
En dicho asunto, considerando las aritméticas, le bastaría al Gobierno hacerse de la alianza de las derechas para sacar una votación suficiente. Ante ello, frente a esa expectativa, un subconjunto de esas mismas fuerzas de la "izquierda" que lograron concertar los avances para una mejor distribución de las cargas fiscales, menos voraz, más democrática, proponen lanzarse a la realización de una consulta nacional, un referendum como tal. Para ello, se impone la aprobación ya hecha de la reforma Electoral cuya expedición ha quedado pendiente y que incorpora ya esa figura electoral incorporada como rango constitucional y vinculante a las revocación o ratificación de leyes. Las diversas corrientes de esa izquierda nacional confluyen, en principio, en la necesidad de movilizar al país, informar y formar esa opinión ciudadana que resulte en derogar la reforma energética y mantener en la Constitución el absoluto control de la exploración, extracción y distribución de sus recursos energéticos. Como tal, esa Consulta Nacional no se daría, acorde con los cambios de la mencionada reforma política sino hasta 2014 y he aquí que hay una peculiar confluencia entre algunas fuerzas de izquierda y el partido de las derechas en realizar una nueva reforma política en medio de toda esta catarata de reformas, previa a la votación en el congreso de la Reforma Energética.
Sin duda la política de gasto es de la mayor importancia en todo esquema de recaudación y las fuerzas democráticas vinculadas a las izquierdas siempre han sostenido que el Estado debe asumir un papel central en el bienestar social y, al mismo tiempo, en el desarrollo económico. No se trata sólo de subsidios sino también de inversiones. Son los neoliberales quienes han sostenido el repliegue del Estado de la esfera de la economía productiva en aras de una mayor libertad de los agentes económicos relevantes, es decir, de las mayores empresas, incluyendo las financieras. Esos neoliberales admiten el protagonismo del Estado sólo cuando obligan a éste a ir a los rescates. Peña Nieto no parece tener clara esta gran diferencia entre esa libertad de los mercados y un mayor papel del Estado hacia una economía de bienestar, como quedó clarísimo en su encuentro con el mandatario Irlandés.
Por lo pronto, afortunadamente, hay palo dado a las castas que concentran el ingreso nacional en pocas manos...
